Mediante una carta dirigida al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, CONAICE y FACE saludaron en nombre de las cooperativas prestadoras del servicio de energía eléctrica la reciente reglamentación del artículo 87 de la Ley de Presupuesto por medio de la Resolución 40/2021 al tiempo que se pusieron a disposición de las autoridades públicas para coordinar en forma conjunta algunos puntos clave que garanticen el efectivo cumplimiento de los beneficios previstos por la normativa.
Cabe mencionar que, entre otras cosas, la resolución 40/2021 reafirma, tal como lo establece el Art. 87de la Ley de Presupuesto Nacional, la obligación que tienen las distribuidoras provinciales de replicar los beneficios que obtengan hacia las cooperativas aguas abajo.
“Queremos reconocer los esfuerzos realizados por los diversos estamentos políticos en el proceso de proyección, sanción y reglamentación de la Ley de Presupuesto Nacional 2021 (Congreso de la Nación; Ministerio de Economía; Ministerio de Producción; INAES; Secretaría de Energía)”, expresa el escrito, que lleva las firmas de los presidentes de CONAICE, Luis Castillo, y de FACE, José Álvarez.
“El trabajo conjunto de los representantes políticos, y dirigentes del sector cooperativo, concluyó en la inclusión de las empresas cooperativas en los Regímenes de Regularización de Obligaciones ante el Mercado Eléctrico Mayorista y/o en el Régimen Especial de Créditos (Ley Nacional nro. 27.591), sin discriminación y/o diferenciación alguna”, destacan los dirigentes cooperativos.
La carta incluye una caracterización del momento de “altísima sensibilidad social” en el cual la reglamentación del artículo 87 significa “un reconocimiento del eslabón cooperativo en el necesario sendero de reconstrucción del tejido socioeconómico nacional frente a los efectos nocivos de la pandemia (Covid-19)” y ubica a los servicios públicos esenciales como “eje de igualdad y equidad ciudadana”.
Tras esta consideración, las autoridades de CONAICE y FACE subrayan que, en representación de las más de 600 cooperativas eléctricas de 15 provincias argentinas, se ven obligados a “mantener una relación permanente para lograr la correcta aplicación de la decisión política”.
En ese sentido, concluyen que, si bien la reglamentación es adecuada, “aún existen algunos puntos por esclarecer, tarea para la cual nos ponemos a disposición de las autoridades para coordinar de manera conjunta a fin de lograr que los beneficios y fines previstos en la tan ansiada Resolución, se hagan operativos para todas nuestras representadas”.